Desde el 2021, el dinero destinado a inversión pública ha perdido peso dentro del presupuesto municipal y han crecido los recursos dedicados a contratar servicios. Una parte considerable terminó en un grupo de empresas relacionadas entre sí, cuyos contratos fueron objeto de observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
Medicamentos pagados por encima de los precios contratados, adjudicaciones cuestionadas, proveedores de seguridad sin autorizaciones acreditadas, servicios cuya ejecución no pudo comprobarse adecuadamente, contratos suscritos por funcionarios sin las facultades correspondientes, relaciones comprobadas entre accionistas y trabajadores del mismo grupo de empresas; la lista de irregularidades e indicios es absurda y alarmante.
Nosotros fuimos más allá de los informes de auditoría. Descargamos toda la cuenta pública municipal, consultamos el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía, revisamos escrituras constitutivas y movimientos societarios, examinamos contratos y cruzamos registros de pagos.
El resultado es una colección de indicios demasiado relevantes para ignorarlos y de irregularidades demasiado numerosas para despacharlas con una explicación genérica sobre errores administrativos.
Esta investigación parte de una pregunta: ¿qué ocurre cuando un gobierno reduce la proporción de su presupuesto dedicada a construir infraestructura y, al mismo tiempo, entrega negocios millonarios a proveedores relacionados entre sí, mientras los órganos fiscalizadores encuentran fallas reiteradas en la contratación y el control?
Para conocer nuestra ciudad ya no hace falta contratar un guía turístico. Hace falta seguir el dinero público. Bienvenidos a San Miguel, S.A. de C.V.
I
Capítulo I / 05
I. La transformación del municipio: más presupuesto, menos inversión pública.
01 / La transformación
El presupuesto cambió de destino
Inversión pública sobre egresos · INEGI
2016–201827.91%
2022–20249.60%
Inversión pública devengada · millones de pesos
2023$241.8 M
2024$114.3 M
2025$92.4 M
Series por trienio de INEGI EFIPEM y cierres municipales por ejercicio.
Según la serie de finanzas públicas municipales del INEGI, durante el periodo presupuestario 2016–2018, correspondiente al gobierno de Ricardo Villarreal, la inversión pública representó aproximadamente el 27.91 por ciento de los egresos.
Durante 2022–2024, bajo la administración de Mauricio Trejo, esa participación descendió al 9.60 por ciento.
No estamos hablando de una diferencia marginal. Son casi dieciocho puntos porcentuales menos del presupuesto clasificado como inversión pública.
El contraste más reciente puede verificarse también en los estados presupuestarios del Ayuntamiento:
En 2023, San Miguel devengó 241 millones 843 mil pesos en inversión pública.
En 2024, apenas 114 millones 289 mil pesos.
La caída fue de 52.74 por ciento en un solo año.
¿A dónde se fue ese dinero, si el presupuesto de San Miguel es más grande año con año? La respuesta es a los contratos. El gasto en Servicios Generales pasó de 621 millones 251 mil pesos en 2023 a 809 millones 67 mil pesos en 2024. Casi 188 millones más.
Los caminos rurales hechos han sido pocos y de baja duración, por mala calidad en las obras
Para 2024, el municipio ejerció aproximadamente 1,790 millones de pesos. De ese total, destinó alrededor del 45 por ciento a Servicios Generales, mientras la inversión pública representó apenas 6.4 por ciento.
El dato de 2025 tampoco ofrece una recuperación: el cierre municipal registra 92 millones 411 mil pesos de inversión pública, una cantidad todavía menor. La revisión de la ASEG correspondiente a ese ejercicio aún no se ha publicado.
¿Por qué la inversión pública perdió tanto peso en las prioridades municipales y qué resultados obtuvo la ciudad del creciente gasto en servicios?
Para empezar a responder esta pregunta, abrimos los contratos. Y ahí comenzaron las sorpresas.
II
Capítulo II / 05
II. La red de empresas y el saqueo
02 / Los proveedores
Seis empresas. Vínculos que se repiten.
ASEG · ANEXO FIN-009
PALMESAVICSSAGLADIMIRBLK DIAMONDGREGORYDEL PINOHERBINJAIRMARÍA DOLORESALDO A.ALDO G.
Herbin: VICSSA, Gladimir y BLK Diamond. Jair: Gregory y Gladimir. María Dolores: Gregory y Del Pino. Aldo Alejandro: PALMESA. Aldo Guillermo: PALMESA y Gladimir.
Esquema de relaciones societarias y operativas documentadas por la ASEG y SIGER de la Secretaría de Economía
Una sociedad mercantil puede dedicarse a muchas cosas. Puede construir edificios, vender medicamentos, prestar servicios médicos o cuidar instalaciones.
Lo que resulta especialmente interesante es encontrar varias sociedades contratadas por un mismo gobierno, dedicadas a actividades diferentes, pero conectadas entre sí por accionistas, administradores, apoderados, comisarios o personas que aparecen trabajando para más de una.
Eso fue precisamente lo que encontró la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
En la revisión de la cuenta pública de 2023, la ASEG incluyó un anexo titulado «Empresas Vinculadas General».
No era una nota periodística ni una denuncia anónima. Era un diagrama elaborado por los propios auditores a partir de información societaria y contractual.
Ahí aparecen seis sociedades: Construcciones y Proyectos PALMESA; Servicios en Salud VICSSA; Comercializadora e Insumos Gregory; Gladimir Seguridad Privada; BLK Diamond Private Security; y Edificación y Proyectos del Pino.
Los negocios abarcan medicamentos, atención médica, seguridad privada, construcción y extracción de lirio acuático.
A PALMESA le pagaron decenas de millones de pesos para limpiar la presa, la auditoría cuestionó la falta de pruebas de que el servicio hubiera sido efectivamente realizado
Los nombres detrás de las razones sociales
Las escrituras que obtuvimos en SIGER muestran que Herbin Ericel Moreno Flores aparece como propietario del 99 por ciento del capital inicial de VICSSA, constituida en febrero de 2022.
También figura con el 50 por ciento del capital fundador de Gladimir Seguridad Privada y con otro 50 por ciento en BLK Diamond.
En otras palabras: una persona participó formalmente en la constitución de tres sociedades proveedoras del mismo municipio, una dedicada a servicios médicos y dos a seguridad privada.
En Gregory encontramos otro vínculo. Jair del Carmen Tetumo Moela aparece como socio mayoritario y administrador fundador de la empresa. Pero la ASEG identificó además su nombre en bitácoras de Gladimir Seguridad Privada, donde fue reportado como empleado durante varios meses de 2023.
Una persona que figuraba al frente de una empresa de medicamentos aparecía también en los registros operativos de una contratista de seguridad.
Por su parte, María Dolores Morales Ojeda aparece como socia fundadora de Gregory y de Edificación y Proyectos del Pino, sociedad de la que también fue administradora.
Y está el caso de Aldo Alejandro Castillo Sahagún. La auditoría de 2023 lo identificó como apoderado legal de PALMESA. Después localizamos en SIGER un instrumento protocolizado en 2025 e inscrito en 2026 que reconoce compraventas de acciones fechadas desde febrero de 2022. Según ese documento, Aldo Alejandro habría adquirido 99 de las 100 acciones de PALMESA y Aldo Guillermo Castillo Marín, su hijo, la restante. Este último también aparece como socio fundador de Gladimir junto a Herbin.
¿Hasta dónde se trata de empresas independientes y hasta dónde de un conjunto de negocios simuladores para extraer el dinero del municipio?
La presa y los millones de PALMESA
Mucho se ha dicho de que PALMESA fue contratada para extraer y acarrear lirio acuático de la presa Ignacio Allende.
La ASEG documentó 26 millones 491 mil pesos en pagos durante 2023 relacionados con esos servicios, sin una verdadera comprobación de que se hubiera llevado a cabo tal limpieza de la presa.
En las revisiones de 2023 y 2024 señalaron que el Ayuntamiento no acreditó el destino final del lirio extraído, la documentación de los vehículos, determinados permisos y otros elementos necesarios para demostrar la ejecución integral del servicio.
Además, PALMESA presentó una factura de 4 millones 600 mil pesos, fechada en marzo de 2022, para acreditar maquinaria relacionada con la extracción del lirio.
Al revisar el comprobante, la ASEG encontró que su emisor, identificado en la captura fiscal como CAMPORTADOR S.P.R. de R.L. de C.V., aparecía en el listado definitivo de empresas que facturan operaciones simuladas del SAT.
Los medicamentos y el misterioso anexo
Si el caso de PALMESA resulta inquietante, el expediente de Gregory parece una comedia burocrática escrita por alguien con demasiado tiempo libre y demasiado dinero público de por medio.
Gregory fue contratada para proporcionar medicamentos y atención médica gratuita dentro del programa municipal «Soy tu Amigo».
En la revisión de 2024, la ASEG encontró diferencias por 1 millón 311 mil 523 pesos con 85 centavos, relacionadas con medicamentos pagados a precios superiores a los pactados y sustancias no contempladas originalmente en el contrato.
Hasta ahí, podría parecer una controversia sobre precios, pero los auditores encontraron algo más interesante: en los documentos de Gregory venían documentos de VICSSA.
La administración trejista ofreció una explicación: por error se había enviado documentación correspondiente a VICSSA, otra empresa contratada para abastecer medicamentos a trabajadores municipales y sus beneficiarios.
El problema es que los mismos auditores ya habían señalado que VICSSA tenía en su poder información sobre pagos, comprobaciones y registros contables de Gregory.
Dos compañías que aparentan ser distintas, pero que en realidad son administradas por el mismo grupo de personas, los verdaderos dueños de esta red de empresas que saquean el dinero público.
III
Capítulo III / 05
III. Manzanas podridas y descontrol
03 / La administración
¿Quién vigilaba los contratos?
14Instrumentos cuestionados por facultades de firma
4Procesos de adquisición con cotizaciones desconocidas
3Proveedores de vigilancia sin autorización estatal acreditada
Observaciones de las cuentas públicas ASEG 2023 y 2024.
Una empresa no puede adjudicarse sola un contrato municipal. Alguien solicita el servicio, alguien tramita la contratación, alguien autoriza, alguien firma, alguien recibe y alguien paga.
Por eso, para entender lo que ocurre en San Miguel, es necesario mirar también hacia adentro del Ayuntamiento.
La revisión de la cuenta pública 2024 ofrece una pista inquietante. En su observación número 016, la ASEG identificó catorce contratos y convenios modificatorios que, según su valoración, fueron suscritos por funcionarios que no podían firmarlos.
La lista incluye instrumentos relacionados con VICSSA, PALMESA y Seguritech.
También aparece un contrato de arrendamiento de 68 vehículos durante 34 meses, por 111 millones 23 mil 600 pesos, celebrado con Inversiones Express.
La caída de la inversión pública y el aumento del gasto en contratos no se trata, por tanto, de una discusión reservada para cinco o seis empresas con contratos observables. Estamos hablando de operaciones de distintos tamaños, proveedores y dependencias.
Las cotizaciones que sus supuestos autores desconocieron
En cuatro procedimientos de adquisición de materiales de construcción revisados en 2024, la ASEG encontró algo difícil de explicar como un simple defecto de archivo.
Proveedores que aparecían como participantes de los procedimientos manifestaron no haber presentado las cotizaciones atribuidas a ellos y no reconocerlas como propias.
La función de pedir varias cotizaciones es elemental: comparar ofertas para que el dinero público se utilice en condiciones razonables.
Pero, si los supuestos participantes no reconocen sus propuestas, la competencia documentada por el Ayuntamiento queda seriamente cuestionada.
La seguridad privada sin seguridad administrativa
Dos empresas de la red de negocios observada por la ASEG recibieron fondos para seguridad privada
La revisión de 2023 ofrece otro ejemplo. El municipio contrató servicios de vigilancia con cuatro empresas. La ASEG señaló que tres no acreditaron la autorización estatal correspondiente y que a uno se le venció durante la vigencia del contrato.
También detectó faltantes en las constancias de evaluación de control y confianza de personal operativo.
Entre las empresas observadas estaban Gladimir y BLK Diamond, dos integrantes de la red empresarial que hemos identificado en esta investigación.
Se contrataron servicios de seguridad, pero el Ayuntamiento no pudo acreditar los requisitos que la normativa exigía a quienes debían prestarlos.
Las oficinas y los contratos de escritorio
Asesorías, servicios jurídicos, consultorías, desarrollo de software, seguimiento presupuestario y sistemas administrativos aparecen entre los expedientes que comenzamos a revisar.
Encontramos, por ejemplo, un contrato de actualización de SIMPRECAD para el área de Catastro por 1 millón 310 mil pesos. También identificamos contratos relacionados con indicadores y seguimiento presupuestario, repetidos sin justificación en distintas entidades municipales. Como si por el mismo servicio se estuvieran pagando varios contratos distintos.
La corrupción comienza desde la transparencia: entre los archivos descargados de la Plataforma Nacional de Transparencia, encontramos contratos publicados o conservados únicamente en su primera página, incluida una copia identificada con un número de contrato que reproducía visualmente el encabezado de otro.
En algunos casos, la documentación disponible permite conocer quién compareció, pero no consultar el clausulado completo. Sobretodo, no permite consultar cuándo se le pagó y qué tenía que hacer el prestador a cambio del pago.
Dos niveles de un mismo problema
Fuentes que trabajaron en el área de tesorería de la administración municipal han planteado a Abre los Ojos una hipótesis que merece investigarse: la coexistencia de dos niveles de posibles irregularidades.
Uno estaría relacionado con contratos de alto importe y decisiones concentradas en los niveles superiores del gobierno.
El otro operaría de forma más dispersa, mediante contrataciones y servicios gestionados desde diferentes áreas administrativas, donde el contubernio y las fallas de supervisión podrían facilitar beneficios indebidos.
Los testimonios apuntan a una distinción entre una corrupción de alto nivel y otra que prosperaría entre los medios mandos y sus oficinas.
La pregunta es simple, ¿cuánto del dinero se saquea desde la cúpula y cuánto desde la tropa sin vigilancia?
IV
Capítulo IV / 05
IV. El pacto estatal: Seguritech y la complicidad.
04 / La conexión estatal
Un proveedor. Dos contratos.
$232.61 M
Proyecto tecnológico · marzo 2024$227.61 M
Estudios preliminares · enero 2024$5.00 M
Del contrato al inventario
2024. Se ejecuta el contrato principal y cierra el ejercicio.
Junio de 2025. El Ayuntamiento informa que no localiza registros de los bienes en inventario.
Septiembre de 2025. La ASEG valora la respuesta del Ayuntamiento y mantiene la observación no solventada.
Para entender uno de los movimientos más grandes del presupuesto de 2024 hay que salir de San Miguel de Allende y mirar hacia el Gobierno de Guanajuato.
La administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo impulsó, durante su último año, un esquema extraordinario de apoyo a municipios para contratar tecnología de seguridad.
Una investigación de POPLab, publicada el 7 de septiembre de 2026, documentó que el gobierno estatal distribuyó más de mil 500 millones de pesos entre once municipios.
Diez casualmente terminaron contratando a la misma empresa: Seguritech Privada. San Miguel de Allende estuvo entre ellos.
El 10 de enero de 2024, el municipio celebró un contrato con Seguritech por cinco millones de pesos para realizar estudios preliminares de un proyecto integral de implementación tecnológica de seguridad pública.
El 21 de marzo, firmó otro por 227 millones 607 mil 910 pesos con 56 centavos para ejecutar el proyecto.
Ambos importes suman 232 millones 607 mil 910 pesos con 56 centavos.
Diego Sinhue y Mauricio Trejo tuvieron una estrecha relación cuando Diego era gobernador.
El equipo que no aparecía en el inventario
El expediente municipal de Seguritech contiene una secuencia difícil de ignorar. El contrato principal comprendía tanto servicios como bienes que, una vez cumplidas las condiciones pactadas, debían incorporarse al patrimonio municipal.
Sin embargo, el Ayuntamiento registró inicialmente la totalidad del importe como Servicios de Protección y Seguridad, sin bienes.
La ASEG estimó en aproximadamente 10 millones 811 mil pesos el valor de los bienes que debían reconocerse como activos.
Cuando los auditores preguntaron por ellos, en junio de 2025, el propio municipio informó que no había encontrado registros de los bienes del proyecto en su inventario.
Después, durante el procedimiento de fiscalización, el gobierno presentó una relación de pólizas que documentaban su incorporación contable hasta 2025.
¿Es creíble que hasta 2025 aparecieron esos bienes? ¿O la administración municipal maquilló su contabilidad para tratar de brincar a la auditoría?
Los negocios de la inseguridad
El caso de San Miguel forma parte de una historia estatal más amplia. En junio de 2026, POPLab y CONNECTAS publicaron la investigación «La rentabilidad del miedo», basada en contratos, registros fiscales y documentación financiera del grupo Seguritech.
Entre sus hallazgos identificaron pagos de comisiones por al menos 253 millones de pesos vinculados a contratos estatales y municipales en Guanajuato.
También documentaron relaciones empresariales y comerciales de personas cercanas a Seguritech con operaciones que involucraban al entorno del exgobernador Diego Sinhue. Incluso se filtró que la casa en donde vivía el exgobernador en Estados Unidos era propiedad del comisionista que tanto dinero ganó con los recursos municipales pagados a Seguritech.
V
Capítulo V / 05
V. La factura la pagamos todos
Después de revisar presupuestos, contratos, registros mercantiles y más de mil páginas de auditorías, encontramos un fenómeno que no puede dejar de ser atendido:
En 2023, el municipio destinó 241.8 millones de pesos a inversión pública.
En 2024, 114.3 millones.
En 2025, 92.4 millones.
Mientras tanto, se disparó el gasto en servicios y contratos con un sinnúmero de irregularidades detectadas tanto por la ASEG como por nuestra investigación.
La suma de estos hechos plantea una cuestión que ninguna explicación burocrática debería dar por terminada: ¿a quién ha servido principalmente esta transformación del gasto municipal? ¿Quién es el dueño de San Miguel S.A. de C.V.? ¿Cuánto ha sido el atraso en el desarrollo municipal por culpa de este saqueo?
Documentación / expediente
Sobre esta investigación
Fuentes de consulta pública y expedientes que sustentan la investigación.